Que la educación pública y gratuita es un factor de cohesión es, a mi juicio, evidente. Que sin ella la paz social es imposible, también. Que un Estado debe velar por su mantenimiento y desarrollo con el mayor celo... está fuera de discusión. Estas certezas no admiten duda; sin embargo, el debate sobre cómo gestionar los fondos para que la educación pública sea eficaz y alcance sus objetivos ya es harina de otro costal. En la actualidad, en nuestro país, el dinero del Estado para la enseñanza se canaliza en partidas presupuestarias a los centros de titularidad pública, o en conciertos en el caso de los colegios privados subvencionados.
El itinerario del dinero lleva directamente de la Administración al centro, sin pasar por el educando sujeto de esa educación. La adscripción de los chicos a los centros es estrictamente geográfica y depende de la oferta del mapa escolar en cada distrito, por lo que la familia debe mandar a su hijo al cole más cercano en circunstancias normales. Este cole forma parte de una red de centros en el territorio competente que son, en teoría, equivalentes en calidad y oferta educativa. La consecuencia de este planteamiento es la uniformización, y la incapacidad de sustraerse a ella por parte de los hogares más pobres, cuando buscan «otra cosa» para sus hijos. Las familias son diversas como lo son los individuos. Sólo tienen en común el deseo de dar a sus hijos la mejor de las educaciones posibles. Unas tienen un ideario laico, otras quieren uno religioso, unas son partidarias de la escuela comprehensiva, otras de la selectiva. En unos hogares prima el interés por lo artístico, lo deportivo, las letras, las ciencias... En otros por la iniciación al trabajo y las destrezas manuales... Unos padres quieren que se enseñe a sus hijos en inglés, catalán, español; que sean bilingües, trilingües... Es justo dar la adecuada atención a esta diversidad permitiendo la especialización en la oferta y la libertad para escogerla. La idea del cheque escolar aporta una visión alternativa y sincrética sobre este problema. Su padre es Milton Friedman, premio Nobel de Economía, quien la formuló por primera vez en los años cincuenta. Consiste, resumiendo mucho, en que el Estado paga la educación de los niños directamente a sus familias con una cantidad fija por alumno, en lugar de financiar sus escuelas. Las padres reciben un cheque escolar, que sigue al niño a un centro u otro en función de las prioridades que éstos busquen, ideario, especialización educativa, idioma, etcétera. De aplicarse este sistema del cheque escolar y la liberalización de la oferta educativa, los centros públicos no recibirían una asignación fija y tendrían que competir entre sí para captar los cheques de las familias, mejorando así su nivel y eficiencia.
El Estado garantiza la escolarización de sus ciudadanos y a la vez no impone dónde y cómo ha de ser ésta, sino que permite al individuo la libertad de elegir y pone a los centros ante la obligación del reciclaje y la actualización para no perder alumnos y sobrevivir.
La calidad prevalece gracias a la mano invisible del mercado en una síntesis entre liberalismo y estatalismo: la educación sigue siendo pública y gratuita, los padres pueden elegir la que consideren oportuna para sus hijos, los centros compiten entre sí, y los niveles de calidad suben. Todos salimos ganando.
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